SIN DEFINCIONES: LAS TOMAS DE TIERRA EN GUERNICA SE VOLVIERON A POSTERGAR Y NO HAY FECHA PREVISTA

 

Por Altamiranda Paula



El fiscal Marcelo Romero explicó que “todo depende ahora de la logística policial”. El operativo debía comenzar, sin falta este jueves.

“No hay fecha cierta del procedimiento”, expresó el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa por el desalojo de las familia que aún permanecen ocupando un predio de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Peron.

Las personas intervinientes en la causa son: Julio Conte Grand, quien dispuso formar un cuerpo de fiscales para monitorear el operativo de desalojo. Al fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, que es el que viene actuando en la causa de su origen, se sumaron el fiscal platense Marcelo Romero y el titular de la Fiscalía  de Cañuelas Lisandro Damonte.

El operativo estaba previsto para comenzar a partir de las  de este jueves 14. Pero luego de dos pedidos de postergación por parte del gobierno bonaerense, por no tener recursos inmediatos para la reubicación total de todos los ocupantes de los predios. Es el peor escenario en la toma, un dilema que consume el poder institucional e instala un riesgoso antecedente en los casos de usurpación de propiedades.




Se sucede la responsabilidad al ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien tenia previsto el dispositivo con 4.000 policias pero desactivo sobre la hora en prevención de episodios violentos. Esto se debe a que organización de izquierda hicieron una base en el asentamiento y se resistieron a la orden de desalojo.

Tan gravoso es este abordaje que Berni no tiene decidido, aún, si los efectivos de la vanguardia portarán armas reglamentarias o sólo elementos disuasivos.

No obstante, como en el transcurso de la toma, desde julio, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad es el área más resolutiva. Por lo menos en los papeles. El ministro Larroque asegura que 650 familias ya firmaron el acuerdo de desalojo. Vuelve a detallar la irrupción de los "grupos de izquierda" como el frontis que impide el cumplimiento de la orden judicial.

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio- se instalaron cinco carpas interministeriales para atender la situación de los ocupantes- se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

 

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