Desde el 18 de octubre del 2019, Chile vive momentos de inestabilidad social y política que están lejos de llegar a su fin. Pese a la pandemia, que generó un receso en las movilizaciones, distintas protestas como el Estallido del Hambre en la comuna capitalina de El Bosque y la toma de municipios por parte de las comunidades mapuches en el sur, dejaron en claro que este conflicto está lejos de llegar a su fin.
Por Ignacio Valdivia
A días de que se cumpla un año, las
protestas se han vuelto a reactivar, y desde el 11 de septiembre miles de
manifestantes se han vuelto a congregar en Plaza Italia - una suerte de Obelisco de la capital
chilena -, lugar que los manifestantes re bautizaron como Plaza Dignidad.
Existe expectativa sobre lo que pueda suceder este domingo: mientras las redes
sociales convocan activamente, por lo que se espera una masiva asistencia; el
gobierno de Piñera ya está tomando medidas y aumentara los efectivos policiales
en los alrededores.
Haremos un repaso de lo sucedido en
sus inicios, cómo se viven las cosas en la actualidad y lo que se espera en
este movimiento ciudadano que tiene en crisis a la política chilena que, ni con
un Plebiscito en camino, ha podido dar calmar a las calles.
“Un oasis en el continente”: La
realidad del 3er país más desigual de América latina
En octubre de 2019, América Latina
pasaba por un proceso de inestabilidad social y política: a las protestas en
Ecuador, Perú, Honduras, Panamá y Haití, se sumaban quiebres institucionales en
Perú y Venezuela, y la crisis económica que golpeaba Argentina. En ese
contexto, Chile se veía como un país con una economía y política estable desde
su vuelta a la democracia, tanto así que su presidente, Sebastián Piñera,
señalaba en una entrevista a principios de ese mes que “Chile es un oasis en
una América Latina convulsionada”.
Lo que no advirtió el mandatario es
que era “un oasis” que se encuentra dentro de los tres países más desiguales
del continente, y el 2° más caro de Sudamérica.
El 74,5% de los ingresos de las familias chilenas se destina al pago de
deudas, muchos de estos gastos corresponden a deudas por educación (unas de las
más caras del mundo). En Chile, estudiar
en una universidad pública puede llegar a costar 600 mil pesos argentinos
anuales, sumado a su precario sistema
público de salud y a un sistema de jubilaciones sin garantía estatal, dominado
por las AFP.
Muchas de estas deficiencias del
Estado están avaladas por la Constitución vigente en Chile, que fue promulgada
en 1980, en plena dictadura, y que pese sucesivas reformas de los gobiernos
democráticos, como la de Ricardo Lagos en el 2005, sigue manteniendo un enfoque
que favorece la privatización y el
lucro. En Chile nunca se juzgó ni castigó con dureza a los crímenes de la
dictadura y, hasta la fecha, aún hay personas involucradas en cargos públicos o
en libertad.
Aunque los políticos digan que “no
lo vieron venir”, algunos de estos elementos justifican que la población
chilena acumulara la rabia y la impotencia que darían pie a que un 18 de
octubre del año pasado, el “oasis” estallara en protestas que no se veían desde
la década de los ‘80.
Los
secundarios guían la lucha
Una semana antes del estallido, los
estudiantes secundarios comenzaron a saltar los torniquetes del Metro de
Santiago, en protesta del constante aumento de los precios del trasporte
público (que es uno de los más caros del continente). Con la consigna “evadir
no pagar otra forma de luchar”, influirían decisivamente al inicio de un
proceso histórico. Las evasiones de los escolares y la brutal represión que
sufrieron, movilizaron la población, que salió espontáneamente a las calles ese
18 de octubre. Esa noche los cacerolazos se escucharon en toda la Región
Metropolitana.
Al pasar los días lejos de apagarse,
día tras días, las calles se llenaban de chilenos y chilenas, que ya no solo
salían por el alza del pasaje y contra la represión policial, sino por las
contantes injusticias y desigualdades que vivía el país: No son 30 pesos, son
30 años era la consigna que resumía décadas de malestar acumulado.
De
Plaza Italia a PLAZA DIGNIDAD
El punto tradicional de las
reuniones masivas en Chile es Plaza Italia, que se ubica entre las comunas de
Providencia y Santiago Centro, con dos parques cerca, el Forestal y Bustamante,
y a cuadras del barrio bohemio más clásico de la capital, el Barrio Bellavista.
La celebración de triunfos deportivos o de algún triunfo electoral, eran los
motivos más frecuentes de convocatoria.
Pero desde el 18 de Octubre de 2019
su rol cambió, miles de personas llegaron todos los días durante los meses de
octubre y noviembre a expresar su descontento, se volvió un punto de unión
entre chilenos y chilenas que ya no celebraban: se reunían a denunciar
injusticias.
Rebautizada por los propios
manifestantes como Plaza Dignidad, fue escenario de manifestaciones históricas,
como la del 25 de octubre, donde se congregaron más de 1 millón 200 mil
personas según cifra oficiales. Se sumaron en las semanas siguientes, la Marcha
de las Hinchadas, dónde adherentes a clubes deportivos rivales en la cancha se
juntaron (luego de la muerte de un hincha de Colo Colo a las afueras de estadio
por parte de la policía), dejando de lados las rencillas deportivas, para
unirse por un mismo fin. Y la marcha histórica del 8 de marzo, que congregó a
más de 1 millón y medio de mujeres que alzaron la voz, no solo en contra del
machismo y la violencia de género, sino también contra la desigualdad y la
violencia policial.
Una
impotencia trasformada en violencias
La noche del 18 de octubre de 2019
es una de las más violentas de las que Chile tenga memoria, por lo menos desde
el regreso a la democracia: se registraron saqueos en supermercados y locales
comerciales, que en algunos casos fueron quemados. Se incendiaron 22 estaciones
de Metro (algunas en extrañas circunstancias, testigos apuntan a un montaje
policial), mientras en distintos lugares de la capital se registraban
enfrentamientos entre manifestantes y policía.
Las barricadas se encendieron en
diversos puntos del país: la población molesta parecía haberse sacudido el
miedo, para alzar su voz luego de décadas de silencio, golpeando su cacerola y
flameando sus banderas, gritando consignas en contra un gobierno que ya para
esos momentos había desplegado todo su arsenal represivo, para reprimir todo
tipo de manifestación que impidiera el libre tránsito.
La contante represión policial
generó que un amplio número de jovenes decidiera proteger la manifestación
pacífica y a punta de escudos, punteros láser ,capuchas y piedras lograrían
proteger el derecho a libre expresión. Este grupo de jóvenes recibieron el
nombre de Primera Línea.
El gobiernos lejos de garantizar la
libre expresión promulgó en el mes de enero del presente año las Ley Anti
Barricada que sanciona con hasta 350 días de cárcel a “quienes por medio de una
barricada impidan el libre tránsito de las personas como también |el
lanzamiento de objetos contundentes”, que se suma Ley de Seguridad del Estado que castiga con
hasta 3 años de cárcel a quienes “atenten contra el orden público y
contra la normalidad de las actividades nacionales”. Bajo estas leyes y en el
contexto de las manifestaciones, se encuentran más de 2500 personas en prisión
preventiva (en algunos caso sin pruebas contundentes)
Un
Estado de Emergencia, una vuelta a pasado
El mandatario Piñera, luego de los
hechos de violencia vividos durante el día 18 de octubre, decretaría un estado
de emergencia por desorden civil, que no se registraba desde los años de la
dictadura de Pinochet. También impulsaría un toque de queda que sigue vigente
hasta hoy. Las imágenes de las tanquetas y los militares apostados en Plaza Dignidad
dieron la vuelta al mundo mostrando un Chile militarizado. El Presidente que
hasta hace poco estaba orgulloso de vivir en un oasis, pasó a declarar que
“estamos en guerra, contra un enemigo poderoso e implacable”, justificando con
ello la fuerte represión que se ejerció hacia cualquier tipo de manifestación
ciudadana. Si bien el estado de emergencia terminó el 27 de octubre del 2019,
esto no disminuyó la violencia ni la represión por parte de la policía.
Un
estado cómplice de la violencia policial
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional mostrarían su preocupación
por las violaciones a los derechos humanos cometidas de manera sistemática por
Carabineros y militares, en los meses que siguieron al estallido social de
octubre, presentado acusaciones por violaciones, abusos, torturas entre otras
vejaciones.
Los datos son elocuentes: Alrededor
de 359 personas presentaron heridas oculares, de las cuales 339 tuvieron trauma
ocular, 55 estallido o pérdida y la lamentable cifra de 2 personas que
perdieron totalmente la visión: Gustavo Gatica que fue impactado por perdigones
disparados por Carabineros en Plaza Dignidad, y Fabiola Campillay que sería
impactada por una bomba lacrimógena en su rostro en la comuna de San Bernardo
cuando iba camino a su trabajo.
Los heridos durante las
manifestaciones hasta la fecha, según el Ministerio de Salud, es de 11 mil 180,
cifras oficiales que claramente pueden ser mayores. Casos emblemáticos son el
de Óscar Pérez, joven que fue aplastado por
dos carros lanza gases de Carabineros, en una acción transmitida en vivo por la
TV chilena, quedando con cuatro fracturas en la pelvis, 2 fracturas en la
pierna izquierda, y la vejiga aplastada. Y
hace apenas unas semanas, el caso de Anthony Araya, joven de 16 años empujado
por un efectivo policial desde el Puente Pio Nono hacia el rio Mapocho (en las
cercanías de Plaza Dignidad) que termino con fracturas en ambas muñecas y el
cráneo. Son ejemplos de una violencia policial que no ha cesado.
Entre el 18 de octubre de 2019 y el
18 de marzo de 2020, 35 personas han sido reportadas como fallecidas producto
de la manifestación. En por lo menos diez de estas muertes están directamente
involucrados Carabineros y militares, mientras otras aún están en
investigación.
Una salida democrática, una
esperanza de cambio
Debido a la presión social en las
calles e intentando dar una salida política a la crisis, una reunión de
representantes de distintos partidos políticos firmó el llamado “Acuerdo por la
Paz”. Aunque no exento de cuestionamientos, este acuerdo definió la realización
de un plebiscito para que la ciudadanía decidiera si quería o no cambiar la
actual Constitución. Si bien el tratado no implicaba la resolución inmediata de
las demandas de la calle, implicaba definir nuevas bases para el Estado
chileno, hasta ahora garante de lo privado por sobre lo público. De manera
inédita, este acuerdo también estableció que sea la ciudadanía quien decida el
mecanismo mediante el cual se redactará, en caso de que gane la opción Apruebo,
la nueva Carta Magna: Convención Constitucional (conformada plenamente por
ciudadanos y ciudadanas electas para este fin), o Convención Mixta (conformada
por un 50% de constituyentes electos más un 50% de parlamentarios). En un principio
la votación se efectuaría en 26 de abril, pero debido a pandemia por
Coronavirus se trasladó para el próximo 25 de octubre.
A días de cumplirse un año del
inicio de las manifestaciones, la población chilena se encuentra ante la
oportunidad histórica de decidir si quiere mantener el rumbo que se definió en
la década de los ‘80, muchas veces alabado desde los índices macroeconómicos, o
construir colectivamente una Constitución que repare las inequidades que la
cruzan e integre a su diversidad. Mientras, en las calles, sigue manifestándose
el descontento y la crisis política y social está lejos de terminar. Más allá
de lo que se resuelva el próximo 25 de octubre, muchos chilenos y chilenas
están decididos a seguir en las calles, como dicen sus pancartas, “hasta que la
dignidad se haga costumbre”.
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