EL PRESUPUESTO Y EXPECTATIVAS PARA EL PERIODO 2020-2021

 Columna de opinión

EL PRESUPUESTO Y EXPECTATIVAS PARA EL PERIODO 2020-2021

La gran ley proyectó un crecimiento de 3,5% de la economía para el 2020; una inflación de 26,1% para finales del próximo año y de 19,1% en diciembre de 2021 y un alza de 7% en la exportación

                                                                                                Por Vazquez, Fernando

El Gobierno espero para este año una contracción económica del 0,8%, una inflación menor al 40% y un crecimiento del 3,5% para el 2020, según el adelanto de la ley de Presupuesto enviado al Congreso de la Nación.

El Palacio de Hacienda sostiene que para este año se proyecta una "caída de la actividad económica en torno al 0,8%, consistente con una recuperación secuencial desde el cuarto trimestre de 2018 que revierte parcialmente el arrastre negativo".

"Para 2020 proyectamos un crecimiento del PIB del orden del 3,5% y esa expansión será liderada por la inversión y por el buen desempeño que continuarán mostrando las exportaciones, y la recuperación del consumo privado", indicó Hacienda.

En materia de precios, el Ministerio estimó que la inflación de ese año arroje un valor algo inferior a las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el banco central que actualmente se sitúa en el 40,3% en la proyección de diciembre próximo. A si mismo que las expectativas de inflación son del 26,1% en el año que viene y del 19,1% en diciembre del 2021.

A su vez el gasto público se redujo en los últimos 4 años en 5,5 puntos del PIB, y proyecta que este año cierre "en 18,5% del PIB, el nivel más bajo en 10 años" y que, en términos reales, la reducción acumulada en ese período es del 20%.

El ministerio sostiene que la presión tributaria bajó 2,5% en relación al PBI durante este gobierno señala que "continuar en el camino de la reducción de impuestos es clave para mejorar la competitividad de la economía".

El gobierno proyecta que las exportaciones crezcan alrededor de 10% en 2019 y 7% en 2020, lo que cerraría "un lustro de crecimiento sostenido en las ventas externas, hecho que no sucedía desde 2008 en pleno boom de precios de los commodities agropecuarios".

Entre las proyecciones figura también una reducción del déficit comercial por la cuenta servicios en aproximadamente u$s 3.500 millones (de los u$s 9.700 millones de 2018 a los US$ 6.200 millones proyectados para 2019), producto principalmente de la mayor contracción de las importaciones (-14,4%).

La estimación oficial de crecimiento, más moderada que la de algunos bancos de Wall Street, es clave para proyectar los ingresos que estarán disponibles. La estrategia de subestimar esa pauta para contar con recursos adicionales se contrapone al riesgo de la exigencia de un ajuste mayor por parte del FMI.

Desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la proyección de 4,5% de déficit fiscal para 2021, el foco de atención se corrió al resto de los supuestos macroeconómicos que acompañarán ese objetivo en el Presupuesto 2021. El dato del desequilibrio de las cuentas públicas era una de las señales más esperadas por parte del mercado, como indicio concreto del rumbo de la política económica en el corto plazo.

Pero ese número aislado resulta ahora información insuficiente. Lo que resta saber es en qué magnitud se ajustarán los gastos -ya con un impacto menor de la pandemia del coronavirus- y, sobre todo, cuánto, cómo y por qué aumentarán los ingresos. Más allá de la suba de impuestos que se contemple en el proyecto que el Ejecutivo deberá enviar al Congreso en diez días, la definición del volumen de recursos disponible estará dada por la pauta de crecimiento económico.

La pauta de crecimiento que se incluya en el Presupuesto no es un dato meramente económico ni menor a la hora de negociaciones políticas internas: de esa cifra se desprende cuánto dinero ingresará al Estado, ya que el nivel de crecimiento determinará el volumen de la recaudación, y por ende cuánto dinero tendrá cada área para gastar.

 Así, subestimar esa cifra, una estrategia a la que recurrió repetidamente el kirchnerismo durante su gestión anterior, permite contar con recursos para ser aplicados con mayor discrecionalidad por fuera del Presupuesto. Lo mismo pasa con la inflación: calcular la evolución de los ingresos en base a una inflación menor a la que realmente es esperable, genera recursos “excedentes” o no contemplados en el Presupuesto, amén de que es una variable mucho más sensible ya que genera expectativas concretas en los distintos actores económicos.

Pero no sólo para negociaciones políticas domésticas, la proyección económica es un dato clave. También lo es en la negociación con el Fondo Monetario. En función de esa cifra, y por ende de los ingresos estimados, es que las autoridades deberán discutir con el organismo los ajustes macros requeridos, tanto por la vía de los recursos como de los gastos.

De hecho, las últimas estimaciones públicas del Fondo Monetario, actualizadas a fin de junio, indican que el organismo prevé una caída de 9,9% para este año -contra un consenso de estimaciones privadas que rondan el 12%- y una recuperación de apenas 3,9% para 2021. Claro que el Presupuesto deberá ser aprobado mucho antes de lo que el ministro espera cerrar el nuevo acuerdo con el FMI, durante el primer trimestre del próximo año. Esos tiempos harán que el mercado disponga de especial atención al proyecto que debatirán los legisladores.

En principio, el foco estará puesto en dos grandes rubros de gastos: los subsidios económicos, esencialmente a la energía y al transporte, y el gasto social y previsional.

Para finalizar el Gobierno dará la señal sobre la política tarifaria y revelará hasta qué punto el congelamiento vigente en principio hasta fin de año es una respuesta a la emergencia por el Covid-19 o una política más estructural al modelo económico al que apunta la gestión de Alberto Fernández. Respecto a las jubilaciones y también planes sociales que ajustan por la misma fórmula, ahora suspendida y a la espera de una alternativa, el Gobierno dio muestras claras de su voluntad de recortar ese gasto. De acuerdo con estimaciones privadas, la modalidad de aumentos por decreto le permitirá un ahorro equivalente a 0,25% del PBI este año.