Política.
La Justicia tiene que ser independiente de otros
poderes
El gobierno nacional presentó el proyecto de la
Reforma Judicial, que tiene como objetivo la descentralización de la Justicia
Federal. También crear fiscalías y defensorías, unificar fueros, transferencia
de competencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, restablecer pautas para
la independencia de los jueces y Justicia Federal en las provincias.
Por
Nadia Rodríguez
.
“
Sólo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”, señaló el presidente Alberto Fernández en su anunció sobre el proyecto de Ley, en la cual remarcó siete puntos que son centrales y espera de ser tratado en el Congreso como "Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal" y busca rediseñar su estructura.El proyecto ingresará por el Senado de la Nación
que preside Cristina Kirchner allí el oficialismo tiene mayoría para aprobarlo.
Si eso ocurre, pasará a la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de Sergio
Massa. Se espera que se convierta en ley antes de fin de año. Desde Juntos por
el Cambio expresaron su rechazo al proyecto de reforma y cualquier cambio a la
Corte Suprema.
Por qué
son importantes estas claves y de qué trata cada una de ellas.
La
descentralización de la Justicia Federal: es unificar los actuales fueros Criminal y Correccional Federal con el
Penal Económico, además, de la creación de 23 nuevos juzgados, que se
sumarán a los 23 existentes.
La
creación de fiscalías y defensorías: el proyecto prevé la creación de 23 nuevas fiscalías federales ante los
juzgados y cinco ante tribunales orales, cada cual, con su secretaría, más
otras ocho defensorías ante jueces y cámaras, y tres ante tribunales.
Unificar
fueros: plantea
la unificación plena de los fueros Civil y Comercial Federal con el
Contencioso Administrativo de CABA. El Presidente destacó que los “numerosos
conflictos de competencia” entre uno y otro atentan “contra la celeridad,
eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
Transferencias
de competencias en CABA:
propone además transferir a los tribunales porteños la competencia para
investigar y juzgar los delitos no federales que se cometen en CABA,
completando el proceso de transferencia de competencias dispuesto en la reforma
constitucional de 1994. El gobierno tendrá tres años de plazo para suscribir
los acuerdos y convenios necesarios con la Ciudad, que deberán incluir también
la transferencia de recursos.
Restablecer
pautas para la independencia de los jueces: busca restablecer las pautas de actuación de los jueces federales que
había dispuesto el Congreso mediante la ley 27.146. Las
normas que todo juez federal debería respetar si se aprueba la reforma judicial
son:
a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y
abogados.
b) Evitar
comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio
respecto de cualquiera de las partes.
c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
d) Ejercer sus funciones libres de interferencias.
e) Comunicar
al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en
sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros
del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de
cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.
f) Evitar
que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones y
en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad,
notoriedad u otras motivaciones impropias.
g) Evitar
valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir
ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición
especial para influenciar.
El proyecto plantea que el incumplimiento de cualquiera de las
pautas citadas constituya causal grave de mal desempeño, más allá de las
sanciones administrativas y penales que pudieran corresponder.
Justicia
Federal en las provincias:
apunta a fortalecer la Justicia Federal en las provincias y recoge un proyecto
impulsado por senadores de Cambiemos en el marco del programa “Justicia 2020”,
que llegó a tener trámite parlamentario y que a su vez tomaba en consideración
114 proyectos presentados a partir de 2008. La iniciativa prevé la creación de 94 juzgados federales de
primera instancia a lo largo y ancho del país, que en principio operarán
con funcionarios y empleados de secretarías penales ya existentes. La acusación
pública en las provincias se fortalecerá con la creación de 85 nuevos cargos de fiscales y de 23 defensores.
Controversias
que trae la reforma Judicial
La reforma de este ámbito específico de la
justicia ha generado resistencias y preocupación en quienes creen que puede
allí haber un intento por frenar u obstaculizar las causas contra la ex
presidenta. En ese sentido, Alberto Fernández dijo que, a fin de evitar que se
siembren dudas, "la totalidad de las investigaciones y juicios en curso
quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que
actualmente las estén tramitando".
La intención del Ejecutivo es que el nuevo fuero
comience a funcionar cuanto antes, con lo cual espera que se puedan designar
jueces subrogantes en los nuevos juzgados mientras se designan los magistrados
que los ocuparán en forma permanente.
Un punto de discusión fuerte tiene que ver con
la reforma de la Corte Suprema. Entre las ideas que se barajan aparece la
posibilidad de ampliar el número de magistrados que la componen y dividirla en
salas enfocadas en diferentes temas. Aunque esto permitiría distribuir mejor los
miles de causas que trata al año, también haría que disminuya el poder de cada
juez. De hecho, es posible que cualquier propuesta de modificación sea
declarada inconstitucional por la propia Corte (una de las peculiaridades de la
estructura de tres poderes de la república).
A través de un comunicado por la red social
Twitter, Juntos por el Cambio, dijo que se opone al aumento de miembros en la
Corte Suprema. "La comisión de expertos, que no integramos y no tenemos
pretensión alguna de integrar, tiene una mayoría de integrantes con opinión
formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte
Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas", dice el texto.
"El objetivo es claro", agrega: "crear una instancia más en el
sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar
nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen
impunidad".

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