"CLAN PUCCIO"

POLICIAL

Por: Altamiranda Paula 

Familia Puccio

La policía interrumpió en la casona del Clan la noche del 23 de agosto de 1985.

Arquímedes Puccio de 56 años estaba casado con Epifanía Ángeles Calvo (53). Del fruto del matrimonio nacieron cinco hijos: Alejandro de (26), Silvia Ines (25), Daniel apodado “Maguila” (23), Guillermo el menor de los varones y “la luz de los ojos” de papá, Adriana de tan solo 14 años. Una familia común, observada por los vecinos, de buenas intenciones y con una posición en la alta sociedad que era de respetar.

Martin y Omar al 544 era la casa familiar, ubicada en el partido de San Isidro. Igualmente conocida como la casa tenebrosa y “las puertas del infierno.” La detención produjo un inmediato revuelo y una lógica conmoción porque hasta ese 23 de agosto eran una típica familia y uno de sus hijos, Alejandro, era un notable jugador de rugby del club CASI y ex integrante del seleccionado argentino Los Pumas. Por ese entonces manejaba uno de los mejores negocios de windsurf. Su padre, Arquímedes un contador público, había sido miembro del Servicio Exterior de la Nación desde 1949 hasta 1966. Epifania Ángeles Calvo, era ama de casa y profesora de contabilidad. Silvia Inés, era profesora de dibujo.

El hijo Daniel había vivido en Sudáfrica, donde jugó al rugby y había regresado poco tiempo antes a pedido de su padre.

Los antecedentes de Arquímedes Puccio incluían un pasado en Tacuara y en la derecha peronista. Cuando la policía los tuvo en sus manos supo también que había sido exonerado de la cancillería acusado de tráfico de armas.

“Fui sobreseído por esa causa”, diría después. También aparecía involucrado en el secuestro del empresario Enrique Pells, de Bonafide, en 1973 por el que se cobró un rescate de mil millones de pesos.

Las víctimas: Eduardo Aulet, Ricardo Manoukian, Emilio Naum y Nélida Bollini de Prado

El comienzo. Corría el año 1982 cuando iniciaron los secuestros extorsivos, faltaba solo dar un paso más para entrar en terrenos democráticos.

El mediodía del 22 de julio de 1982, Ricardo Manoukian de 24 años, fue la primera víctima.

Arquímedes lo eligió como candidato, junto con su banda, el coronel Rodolfo Victorino Franco, Guillermo Fernández Laborda, ex administrador de Ramos Mejía y Roberto Oscar Díaz, mecánico.

Era hijo del dueño de los supermercados Tanti de zona norte, tenían una posición económica alta por lo que pidieron un rescate de 500 mil dólares. Las notas redactadas que dejaban a sus familiares eran escritas en una máquina de escribir, firmadas por un “Comando de Liberación Nacional” que buscaba confundir y darle un tinte político a un secuestro extorsivo en la Argentina post dictadura.

Como prueba de vida, le ordenaron escribir una carta a su familia expresando: “Todo va a salir bien, sigan las instrucciones.” El lugar del secuestro, era el baño familiar en el primer piso de la casa. La última instrucción los llevo a la Catedral de San Isidro, donde dejaron el maletín con el dinero. Pero Ricardo nunca apareció.

El partido de Escobar fue donde mataron de tres tiros, con un revolver calibre 38, a este jugador de Rugby y amigo cercano de Alejandro Puccio. Su cuerpo apareció una semana después en un descampado de Benavidez. Guillermo Fernández Laborda fue el que disparo, pero según Arquímedes “Uno mata, pero todos pusimos el dedo en el gatillo, este es nuestro pacto”. El famoso pacto de sangre, que les hizo jurar a cada integrante de la banda antes de realizar el primer secuestro.

El jefe del Clan, hizo participar a sus dos hijos mayores. Alejandro, rostro conocido de Ricardo y Daniel que recibía el apodo de “Maguila”, era el conductor en cada secuestro.

Cerca de las 7.45 de la mañana del 5 de mayo de 1983, Eduardo Aulet iba a ser secuestrado en el barrio de la Recoleta sobre las calles Av. Libertador y Austria. En diciembre, la democracia tocaría las puertas de la Argentina. Raúl Alfonsín asumiría el décimo día de ese mes.

Aulet viajaba hasta la fábrica metalúrgica donde trabajaba con su familia en el partido de Avellaneda. Manejaba una coupé Ford Taunus, el entregador habría sido Gustavo Contemponi, un amigo de la familia de Aulet. Él habría sido quien hizo señas para que Eduardo Aulet se detuviera cuando se dirigía a la empresa. Subió al auto junto a Guillermo Fernández Laborda y tras circular unos metros, Fernández Laborda sacó un arma y lo obligó a desviarse del camino. Después asumió la conducción de la coupé y se dirigieron a San Isidro.

Lo esperaba la muerte. En ese instante, un armario en el despacho de Arquímedes Puccio, fue su lugar por más de una semana. Un alojamiento inaguantable.

En el torneo de la URBA había conocido a Alejandro Puccio, Eduardo era jugador de Rugby. Además, se había recibido en la Universidad Católica Argentina, como ingeniero industrial. Se encontraba casado con Rogelia Pozzi, una joven abogada.

El primer llamado extorsivo lo recibió Florencio Aulet, su padre, cerca del mediodía. Una voz en el teléfono le anunciaba que su hijo había sido secuestrado y que el operativo lo había realizado una organización guerrillera denominada Ejército de Liberación del Pueblo. La exigencia para su liberación era alta: 350 mil dólares.

Entre llamados y notas escritas a máquina los paseaban por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Al cuarto día los contactos se interrumpieron abruptamente. Los secuestradores habían bajado las pretensiones a 200 mil dólares y habían entregado una prueba de vida: dos notas manuscritas de Eduardo Aulet.

Pasó una semana. La última llamada brindaba precisiones sobre un sistema de postas que iba a llevar a Pozzi, junto a su padre, a recorrer toda la ciudad. Tres horas terribles. La última indicación señalaba un lugar en Lanús, cerca de las vías del tren, donde debían dejar el dinero y allí se reencontrarían con Eduardo. El botín era de 100 mil dólares. El dinero desapareció.

Arquímedes Puccio que le tiende el revólver a Roberto Oscar Díaz. Díaz, con objeciones y temeroso, cumple la orden y dispara. Tres balazos atraviesan la cabeza de Eduardo Aulet. Una fosa, en el monte del hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, iba a ser la tumba del joven ingeniero durante más de cuatro años. Su cuerpo fue desenterrado el 18 de diciembre de 1987

Junio de 1984, un presidente elegido en democracia, estaba sentado el despacho de la casa rosada. El Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura más cruda en la Argentina de 1976 era para la mayoría un recuerdo con secuelas, pero no todos pensaban igual.

Paralelamente, el tercer homicidio ya tenía nombre. El empresario Emilio Naum salía de su casa de Palermo Chico como todos los días alrededor de las 10. Detuvo su vehículo al ver que le hacía señas Arquímedes, siempre un conocido pero Naum al darse cuenta de lo que sucedía, intentó resistirse y fue asesinado de un balazo en el pecho. En 1986 Guillermo Fernández Laborde, miembro del clan Puccio, confesó el crimen.

Suelo democrático. El enjuiciamiento a las juntas militares era una de las políticas de Alfonsín. La Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), se había creado con estos fines.

La CONADEP estuvo integrada por trece miembros: tres diputados y diez personalidades prestigiosas como el escritor Ernesto Sabato que la presidió, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, la activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide, el obispo Jaime de Nevares y el médico René Favaloro, que renunció.

Luego de entrevistar a miles de testigos y reunir gran cantidad de documentación, la CONADEP difundió sus hallazgos mediante un programa televisivo que tuvo récord de audiencia y presentó al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, su famoso informe titulado Nunca más. La desaparición de Eduardo Aulet en 1983, fue incorporado al informe. Su legajo, por desaparición forzada, es el 976.

El juicio oral a la junta militar se inició el 22 de abril y la sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985.

Mediados de 1985. Se acercaron a la estación de servicio de las calles Mariano Acosta y José Bonifacio, en el barrio de Flores, de la Capital Federal. Eran tres personas que viajaban en un Ford Falcon. Sólo les faltaba cobrar y huir, como lo habían hecho otras veces. Estaban confiados. Tal vez por eso no se percataron que una comisión policial los iba siguiendo. Cuando se disponían a tomar el dinero la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal los captura en el acto. Fueron identificados como Arquímedes Puccio, su hijo Daniel y Guillermo Fernández Laborda.

La policía interrumpió en la casona del Clan la noche del 23 de agosto de 1985.

Les costó encontrar a la última víctima, la única que logró sobrevivir. Cuando al fin la liberaron, la empresaria Nélida Bollini de Prado llevaba 32 días en cautiverio. Para entonces, los Puccio habían mejorado su lugar de detención. Arquímedes había mandado construir en su sótano. Oculta detrás de un armario, una pequeña pieza de apenas dos metros por dos. Allí, encadenada sobre un colchón y junto a un inodoro sobre un balde, la mujer, de 59 años, pasó su secuestro.

Comenzaron las condenas. Maria Servini de Cubria en esa época era jueza de instrucción, es decir delitos comunes, siguió la pista de las llamadas que hacía Arquímedes con el fin de pedir el dinero para liberar a Bollini de Prado.

Tras ser detenidos, Alejandro saltó con sus manos esposadas desde el quinto piso en tribunales, durante un traslado, y si bien sobrevivió, las lesiones le complicaron su estado de salud. Fue procesado a reclusión perpetua por los casos de Naum y Manoukian.

Dentro de la cárcel estudio Psicología y salió en 2007 bajo la libertad condicional, pero en 2008 murió a los 49 años mientras estaba internado en un centro asistencial de Avellaneda. Estuvo preso 19 años.

Daniel “Maguila” Puccio, pasó tres años en la cárcel y sus abogados lograron liberarlo. En 1998, fue sentenciado a 12 años de prisión pero se dio a la fuga, tiempo después se dictó una nueva orden de captura. En 2014 se presentó en tribunales para pedir la constancia de la extinción de su pena, y la obtuvo.

Epifanía Ángeles Calvo, pasó dos años detenida, pero fue liberada en octubre de 1987. Estuvo procesada, pero nunca fue condenada. Una sala de la Cámara del Crimen consideró que no había suficientes pruebas contra ella. Dejó de vivir en San Isidro. El resto de los Puccio que siguen vivos dejaron de usar el apellido. Silvia Ines, pasó un tiempo en la cárcel y fue liberada, murió de cáncer a los 52 años. La Justicia comprobó que Adriana y Guillermo, los hijos menores del clan no tuvieron ninguna participación en los secuestros.

Posteriormente cayeron Victoriano Franco (un militar retirado con vínculos en la Triple A, al igual que Arquímedes Puccio), Roberto Díaz, Gustavo Contemponi y Herculiano Vilca.

En 1988, Díaz confesó ante el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti. Con su declaración, los investigadores tuvieron elementos para relacionar a la banda acusada del secuestro de Bollini de Prado con los asesinatos de Aulet, Ricardo Manoukian y el homicidio de Naum.

Roberto Díaz fue condenado a reclusión perpetua como coautor de homicidio calificado en concurso ideal con secuestro extorsivo. Al borde de la fosa que excavó el albañil Herculiano Vilca, fue él quien disparó el tiro de gracia contra Eduardo Aulet, una de las víctimas del clan. En 2006 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, tras 21 años en la cárcel.

Vilca, condenado como partícipe necesario, pasó siete años detenido en la cárcel de Caseros, y salió en libertad el 11 de noviembre de 1994. No pagó fianza: la Justicia le impuso sólo una caución juratoria. Gustavo Adolfo Contepomi, acusado de ser el entregador en el secuestro de Aulet, fue detenido el 7 de noviembre de 1985, compartió prisión con Vilca y murió en la cárcel de Caseros el 3 de agosto de 1994.

De no haber sido por dos mujeres, la banda de los Puccio no habría sido condenada por los homicidios y secuestros. Rogelia Pozzi, mujer de Aulet, como abogada trabajó para conseguir las pruebas y lograr que la Justicia condenara a los asesinos de su esposo.

Diez personas, algunas inocentes. El jefe de la organización, Arquímedes fue condenado a reclusión perpetua, allí tomo los cursos correspondientes y se recibió de abogado. Hasta que por el régimen del 2×1 su condena termino en 53 años y ocho meses de prisión pero beneficiado con el arresto domiciliario en 2008, se reubicó y vivió en General Pico, La Pampa. A sus 83 años muere de un accidente cerebrovascular. Había pasado 23 años en prisión.

Nadie asistió a su entierro.